La dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina del 24 de Marzo de 1976 fue uno de los períodos más oscuros y sombríos en la historia de nuestro país. Durante este período, la junta militar tomó el control del gobierno y ejerció una brutal represión contra cualquier forma de oposición política, social o cultural ^{(Ugarte, 2018)}. Desde Rock y Arte, decimos: Memoria, Verdad y Justicia

Memoria: El Golpe de Estado comenzó en 1973 con Perón

Sin embargo, el puntapié inicial fue la creación de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La Triple A era una banda paraestatal de ultraderecha formada por militares, policías, ex policías, burócratas sindicales y mercenarios, que funcionó entre 1973 y 1976 y asesinó aproximadamente entre 1500 y 2000 personas.

Con la llegada de Perón en 1973, el general se apoyó en los sectores más rancios de la derecha peronista, la que abrió fuego contra la militancia en Ezeiza. Perón volvía al país a poner orden al contener el ascenso revolucionario de la vanguardia obrera y el movimiento estudiantil. Perón sostenía que el país se encontraba en una guerra y era responsabilidad del Estado usar sus medios para enfrentar al enemigo. La Triple A era la solución. Era quien tendría en sus manos la tarea de erradicar y disciplinar a los movimientos de izquierda y al ala radicalizada y combativa del peronismo. Dentro de la izquierda, el trotskismo fue el sector más diezmado.

El líder de la Alianza Anticomunista Argentina era José «el brujo» López Rega, quien era secretario de Juan Domingo Perón y tenía a su cargo el Ministerio de Bienestar Social desde 1973. De allí, salieron no solo las armas sino también la mano de obra para perpetrar los operativos que se llevaban a cabo en las madrugadas. Las víctimas eran secuestradas desde sus hogares o sus lugares de trabajo. Eran maniatados, torturados y ejecutados. Como siempre, el trabajo de la policía era liberar la zona.

La actividad de la Triple A se incrementó tras la muerte de Perón y con Isabel como presidenta. Sus esfuerzos de exterminio se coordinaron con otras bandas de ultraderechistas y aprovecharon sus conexiones con el Plan Cóndor, financiado por la CIA, y que se encargaba de dirigir las acciones del terrorismo de Estado en todo el cono sur.

24 de Marzo de 1976

Con la premisa de restablecer el «orden» y la «seguridad nacional», los militares implementaron políticas represivas que restringieron la libertad de expresión, la sindicalización, los derechos civiles y la libertad individual de los ciudadanos argentinos. Esta dictadura también se caracterizó por su política económica neoliberal y su adhesión al libre comercio.

Con los métodos del fascismo y el autoritarismo, la dictadura argentina impuso un régimen de terror y miedo en el que las detenciones, desapariciones forzadas y apropiaciones de niñxs se convirtieron en una práctica común, utilizada para silenciar y disciplinar a la clase obrera que se organizaba y luchaba por sus derechos. Además de la represión directa, el régimen militar argentina también utilizó propaganda y control de los medios de comunicación para moldear y manipular la opinión pública, creando un clima de temor y justificando así sus acciones represivas.

El Rol de los Centros Clandestinos de Detención (CDD)

Los centros clandestinos de detención (CCD) jugaron un papel crucial durante la dictadura militar en Argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, que tuvo lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Estas instalaciones secretas fueron utilizadas por las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar un plan sistemático de desaparición de personas.

Los CCD estaban ubicados en todo el país y fueron marcados por los horrores perpetrados durante la última Dictadura Militar. Estos centros estaban bajo una organización territorial que orquestó el gobierno de facto, que dividía el país en cinco zonas militares. Muchos de estos sitios son recordados hoy como espacios para la memoria, aunque muchos de ellos fueron destruidos durante la dictadura para evitar un relevamiento de pruebas por organismos internacionales.

Ejemplos notables de estos centros son la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Automotores Orletti y El Olimpo. La Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada en el barrio porteño de Núñez, estaba bajo la administración de la Armada Argentina, la fuerza que más crudeza tuvo durante el sistema represivo instaurado por los militares. Por otro lado, El Olimpo, una antigua terminal de tranvía en el barrio de Liniers, funcionó durante cinco meses como un centro de detención donde aproximadamente 700 personas fueron detenidas entre agosto de 1978 y enero de 1979.

El Disciplinamiento de las Mujeres durante la Dictadura y la Apropiación de Niñxs Nacidxs en Cautiverio

Implementar el sistema económico de Martinez de Hoz solo era posible con represión. El Estado debía reestructurarse en todos los niveles. Se trataba de un cambio político, social, económico, cultural y sindical y esto requería, además, un disciplinamiento de género.

Este dsisciplinamiento de género se descargo sobre aquellas que eran consideradas doblemente transgresoras tanto romper con los mandatos sociales que las confinaban al mundo de las tareas del hogar y la crianza de lxs hijxs, como por organizarse y luchar por sus derechos, desafiando no solo al sistema capitalista sino también al patriarcado.

Es importante mencionar que todo esto contó con el apoyo de la clase dominante empresaria y el clero. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% de los desaparecidos entre 1976 y 1983, eran mujeres y el 10% de ellas estaban embarazadas. A partir del testimonio recuperado de las sobrevivientes del horror, pudimos conocer el nivel de violencia de género al que fueron sometidas las detenidas ilegalmente.

Humillaciones, violaciones continuas, embarazos, abortos forzados, picaneos, eran de las prácticas más comunes que implementó la dictadura al disciplinar a las mujeres y establecer un control sobre los cuerpos y la vida de las detenidas.

A esto debemos sumarle la apropiación ilegal de lxs niñxs nacidxs en cautiverio a los que les sustituyeron sus identidades reales.

Nunca Más: Fueron 30.400

Las Mujeres Trans en la Dictadura: Un Calvario Oculto

En aquel oscuro período, las mujeres trans enfrentaron una realidad aterradora. Vivir con cuidado y miedo era la norma. Temían ser agredidas, golpeadas, torturadas, abusadas, violadas, asesinadas o desaparecidas. Su identidad de género las convertía en objetivos de la represión implacable.

Julieta González, una sobreviviente, compartió su historia. Detenida clandestinamente en el Pozo de Banfield, fue víctima de violencia y abuso. “Nos trataban como un trozo de carne”, expresó al finalizar el veredicto en el palacio de justicia. Valeria del Mar Ramírez, otra sobreviviente, también declaró en el juicio de lesa humanidad. Sus palabras resonaron con dolor y verdad: “Los 14 días que me secuestraron en el Pozo de Banfield y me violaron, que nos trataban como si fuéramos un trozo de carne, me arruinaron la vida.”

El Reconocimiento Histórico

Recientemente, la Justicia argentina dio un paso crucial al reconocer a las personas trans como víctimas de delitos de lesa humanidad. En un fallo histórico, un tribunal condenó a cadena perpetua a diez represores por la persecución y violación de los derechos humanos de personas trans prisioneras en el mencionado centro clandestino de detención. Este juicio, conocido como “Las Brigadas”, incluyó a las mujeres trans como parte del colectivo que sufrió un brutal “foco de ataque” durante el terrorismo de Estado.

En total, 605 víctimas fueron consideradas en el veredicto. El tribunal juzgó a los represores culpables de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual agravado, tormentos y reducción a la servidumbre. Estos delitos, imprescriptibles por ser “crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio”, finalmente recibieron la atención y justicia que merecen.

Este fallo es un recordatorio de la importancia de preservar la memoria y reconocer la valentía de quienes lucharon y sufrieron en tiempos oscuros. Las mujeres trans, junto con otras víctimas, merecen ser honradas y recordadas como héroes de la resistencia y la verdad.

Juicio a los Responsables de La Noche de los Lápices

El juicio relacionado con La Noche de los Lápices comenzó en octubre de 2020, en plena pandemia. Durante más de tres años y medio, se presentaron innumerables testimonios que relataron los horrores sufridos por más de 600 víctimas que estuvieron secuestradas en los campos de concentración de la provincia de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) examinó las responsabilidades tanto del Ejército como del aparato de inteligencia en relación al rol desempeñado por el Destacamento 101 de La Plata. Además, se indagó sobre el papel del gobierno dictatorial en la provincia y las acciones de la Bonaerense, bajo el mando de Ramón Camps. Cabe mencionar que el exdirector de investigaciones de la Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció durante el juicio.

Los jueces dictaron diez condenas a prisión perpetua para los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran:

1. Federico Antonio Minicucci: Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
2. Guillermo Domínguez Matheu: Jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
3. Jorge Héctor Di Pasquale: Jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
4. Carlos María Romero Pavón: Jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
5. Roberto Balmaceda: Jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.
6. Jaime Lamont Smart: Exministro de Gobierno.
7. Juan Miguel Wolk: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas, así como de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.
8. Jorge Antonio Bergés: Médico policial.
9. Horacio Luis Castillo: Comisario.
10. Carlos Gustavo Fontana: Enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601.

Este veredicto es un paso crucial hacia la memoria, verdad y justicia que merecen las víctimas y sus familias, pero también es una importante respuesta ante la embestida negacionista del gobierno liberal de Javier Milei.