La Motosierra y el Látigo: El Plan de Guerra de Milei Contra la Clase Obrera y los Cuerpos Oprimidos

No llamemos error a lo que es un proyecto, ni torpeza a lo que es una estrategia. El gobierno de Javier Milei no es un experimento fallido de un académico excéntrico. Es la ofensiva más brutal y concentrada de la clase capitalista contra el pueblo trabajador argentino en las últimas décadas. Su plan no busca ordenar las cuentas, busca restaurar por la fuerza una tasa de ganancia que solo se puede recuperar sobre las ruinas de nuestros derechos.

Cada medida, cada recorte, cada declaración es una pieza de un rompecabezas macabro. Es un plan de guerra que se libra en dos frentes simultáneos y coordinados. Por un lado, la motosierra económica, que aniquila salarios, jubilaciones, puestos de trabajo y la asistencia social. Por otro, el látigo ideológico, que dispara discursos de odio para dividirnos, para señalar chivos expiatorios y para justificar la masacre social.

Es la puesta en práctica de una doctrina de shock, tal como la describió Naomi Klein, pero con un sadismo y una espectacularización de la crueldad que son la marca registrada de la nueva ultraderecha global. La destrucción no es un efecto colateral indeseado. La destrucción es el objetivo, porque sobre los escombros del estado de bienestar se construye el paraíso de la libertad de mercado para unos pocos.

Este análisis no puede ser una simple enumeración de derechos vulnerados, sino que debe ser una crítica al gobierno de Milei. Debemos entender que este gobierno es el agente político de una fracción del gran capital, nacional y extranjero, que necesitaba un gerente sin escrúpulos para demoler todas las conquistas sociales que limitaban su acumulación. Milei es ese gerente, el liquidador de la Argentina obrera.

Nos dijeron que venían a terminar con la “casta”, pero su primera acción fue gobernar por decreto para los mismos de siempre: los grandes empresarios, los terratenientes y el capital financiero. El ajuste no lo paga la casta, lo pagan los jubilados que no llegan a fin de mes, los trabajadores que perdieron su empleo, las pibas que ya no tienen dónde acudir por violencia de género. El plan es una transferencia de recursos monumental de los de abajo hacia los de arriba.

No es una batalla de ideas, es una lucha de clases. Y en esa lucha, el gobierno ha elegido su bando con una claridad meridiana. Cada funcionario que se burla de los que sufren, cada tuit presidencial que destila odio, cada recorte anunciado con regocijo, es una declaración de guerra. Nuestro primer deber como militantes es entender la naturaleza de esta guerra para poder enfrentarla.

El relato de la “libertad” es la cáscara vacía que recubre un proyecto de profunda opresión. Hablan de libertad individual mientras pulverizan las condiciones materiales que hacen posible cualquier tipo de libertad real para la mayoría. ¿Qué libertad tiene quien no puede pagar el alquiler, los medicamentos o la comida? Es la libertad del zorro en el gallinero, la libertad del fuerte para devorar al débil.

Por eso, este artículo es un llamado a desconfiar de las palabras y a mirar los hechos. Los hechos demuestran que el famoso plan motosierra de Milei no es otra cosa que un ataque sistemático a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es un plan para disciplinar a la sociedad a través del hambre y el miedo.

Quieren una sociedad atomizada, de individuos aislados y compitiendo entre sí, aterrados por la desocupación y la miseria. Una sociedad sin sindicatos, sin organizaciones barriales, sin redes de solidaridad. Una sociedad donde cada uno sea un emprendedor de su propia explotación, agradecido por las migajas que caen de la mesa del poder.

La crueldad, entonces, no es un exceso, es una herramienta pedagógica. Cada jubilado que hace una cola de cuadras por un medicamento que no llega es una lección para los demás. Cada comedor popular que cierra por falta de alimentos es un aviso. El mensaje es claro: nadie va a ayudarte, estás solo, el Estado te ha abandonado.

No estamos frente a un gobierno más. Estamos frente a un intento de refundación reaccionaria de la Argentina sobre bases de una desigualdad brutal. Es un proyecto histórico de la clase dominante que hoy encuentra en Milei su ejecutor más fanático y despiadado.

Nuestra respuesta no puede ser la resignación ni la espera de un recambio electoral. Nuestra única respuesta posible es la organización y la lucha en cada lugar de trabajo, en cada barrio y en cada escuela. Es hora de empezar a construir la contraofensiva.

La Crueldad como Estrategia: El Ataque a Mujeres, Disidencias y Personas con Discapacidad

El plan de guerra del gobierno necesita chivos expiatorios para funcionar. Necesita construir un enemigo interno sobre el cual descargar la furia social y justificar la brutalidad del ajuste. Y ese enemigo, para la ultraderecha, siempre es el mismo: las mujeres, las diversidades sexuales y de género, y las personas con discapacidad, es decir, todos aquellos cuerpos que desafían la norma del varón blanco, propietario y productivo.

Las políticas de Milei contra las mujeres son la punta de lanza de esta ofensiva ideológica. La eliminación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y su reducción a una subsecretaría sin presupuesto ni poder real fue una declaración de principios. Fue decirle a millones de mujeres y disidencias que sus vidas y sus derechos ya no son una prioridad para el Estado, que están solas frente a la violencia machista.

El desfinanciamiento de las políticas de género en Argentina es una condena directa. Implica el cierre de programas como el Acompañar, que brindaba un soporte económico fundamental para que las víctimas de violencia pudieran salir de ese círculo. Es vaciar la Línea 144, dejar sin recursos los hogares de protección y desmantelar los equipos que trabajaban en la prevención.

No es un ahorro fiscal, es una decisión política basada en el odio. Es la materialización de un discurso que niega la brecha de género, que se burla del feminismo y que califica de “curro” a cualquier política destinada a proteger a las más vulnerables. Es la misoginia hecha política de Estado, un intento de restaurar el orden patriarcal más rancio.

Paralelamente, los recortes en discapacidad por parte del gobierno de Milei revelan el mismo patrón de crueldad. La interrupción en la entrega de medicamentos, el freno a las pensiones no contributivas y el desfinanciamiento del transporte para personas con discapacidad son un ataque directo a la dignidad y la autonomía. Es empujar a miles de familias a la desesperación y la marginalidad.

Se trata de una eugenesia social no declarada. Es aplicar la lógica del mercado a la vida humana: quien no es “rentable” o “productivo” bajo los términos del capital, es descartable. El ataque a las personas con discapacidad es la expresión más transparente de la filosofía de este gobierno, un darwinismo social donde solo sobrevive el más “apto”.

El ataque a la diversidad sexual por parte del gobierno de Milei completa este cuadro. La prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública o el cierre de áreas dedicadas a políticas LGBTI+ no son gestos aislados. Son parte de una cruzada cultural reaccionaria que busca volver a meter en el clóset a las identidades disidentes y negar la existencia de cualquier cosa que no encaje en la familia tradicional.

La crueldad como proyecto político en Argentina se manifiesta en esta selección deliberada de las víctimas. Se ataca a quienes históricamente han estado más desprotegidos para enviar un mensaje disciplinador al resto de la sociedad. Si pueden hacer esto con las mujeres, las personas trans o los discapacitados, pueden hacerlo con cualquiera.

Este discurso de odio y políticas de ajuste van de la mano. El discurso de odio prepara el terreno ideológico, deshumaniza a las víctimas y hace que el ajuste parezca una medida de “justicia” contra supuestos “privilegiados”. Es la perversa inversión de la realidad: presentan a los oprimidos como opresores.

La violencia de este gobierno no es solo económica, es simbólica y psicológica. Es la violencia de un presidente que se burla de las personas con síndrome de Down, es la de una ministra que niega la violencia de género. Es una violencia que busca humillar, quebrar la autoestima y la moral de los que luchan.

No hay nada de “eficiencia del Estado” en estas medidas. Hay un proyecto de sociedad profundamente autoritario y patriarcal. Un proyecto que sueña con un país sin feministas, sin diversidad, sin personas con discapacidad en el espacio público; un país hecho a la medida de los patrones y los curas.

Frente a esto, la unidad de todas las luchas es la única salida. El movimiento feminista, el colectivo LGBTI+, las asambleas de personas con discapacidad, deben unirse al movimiento obrero para dar una respuesta unificada. Porque la motosierra y el látigo son para todos, y la defensa debe ser de todos.

Del “No Hay Plata” al “No Hay Derechos”: El Desguace del Estado como Disciplinador Social

La frase “no hay plata”, repetida como un mantra por el gobierno, es la coartada más cínica para justificar un proyecto que va mucho más allá de lo económico. El verdadero objetivo no es el déficit cero, sino la aniquilación de cualquier forma de protección social y la demolición de la idea misma de derechos. El vaciamiento del Estado es la herramienta para imponer una nueva forma de disciplina social, basada en la indefensión total del individuo frente al poder del mercado.

El ajuste de Milei y los derechos humanos son conceptos antagónicos. Cada organismo desfinanciado, cada trabajador estatal despedido, es un derecho que se pierde. Esto se ve con una claridad brutal en las consecuencias del cierre del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Eliminarlo no es un “ahorro”; es una declaración política que le da vía libre al racismo, la xenofobia y la homofobia.

Cerrar el INADI significa dejar sin un canal institucional de denuncia y reparación a quienes sufren discriminación a diario. Significa borrar décadas de lucha por el reconocimiento de la igualdad y la diversidad. Es un mensaje directo a los sectores más reaccionarios de la sociedad: “tienen permiso para odiar, el Estado ya no se va a meter”.

Lo mismo ocurre con la degradación del ex Ministerio de la Mujer. Al desmantelarlo, no solo se eliminan políticas públicas concretas, sino que se ataca la legitimidad de la lucha feminista. Se busca reinstalar la idea de que la violencia machista es un asunto privado, un problema individual de “loquitos”, y no una cuestión política y social estructural.

En este contexto, el impacto del ajuste en personas neurodivergentes es particularmente devastador y, a menudo, invisible. Las personas con autismo, TDAH y otras condiciones dependen de un Estado presente y previsible. Necesitan terapias, acompañantes, acceso a la educación y a la salud, y pensiones que garanticen su subsistencia (Human Rights Watch, 2024).

El desguace de la salud pública, la burocratización extrema de las pensiones por discapacidad y la incertidumbre generalizada las empujan a ellas y a sus familias al abismo. El ajuste rompe las rutinas, interrumpe tratamientos y genera una angustia insostenible. Es la manifestación de una sociedad que se niega a cuidar a quienes necesitan más apoyo.

El Estado, en la concepción de este gobierno, debe retirarse de todas las áreas que garantizan la dignidad humana. Su única función debe ser la de proteger la propiedad privada de los grandes capitalistas y reprimir la protesta social. Todas las demás funciones, las que cuidan, las que educan, las que incluyen, son consideradas un “gasto” innecesario que debe ser erradicado.

Este proceso de demolición estatal es una forma de disciplinamiento masivo. Al eliminar las redes de contención, se aumenta el poder del patrón en el lugar de trabajo y del puntero en el barrio. El mensaje es que no hay alternativa al sometimiento, que fuera de la explotación solo queda la nada.

Los despidos masivos en el sector público también cumplen esta función. No solo buscan reducir el “gasto”, sino también desarticular la organización sindical y sembrar el miedo entre los trabajadores. Es un ataque al empleo, pero también al derecho a la organización y a la huelga.

La paradoja es que, mientras achican el Estado social hasta su desaparición, agigantan el Estado represivo. Se recortan las partidas para salud y educación, pero se aumentan los presupuestos para seguridad bajo la dirección de una ministra como Patricia Bullrich. Menos hospitales y más balas de goma: esa es la síntesis del proyecto.

Este modelo no es nuevo; es la profundización del sueño neoliberal que la dictadura cívico-militar intentó imponer a sangre y fuego. Es la idea de que solo el mercado es capaz de asignar recursos de manera eficiente. El resultado es una sociedad donde los derechos son reemplazados por mercancías, accesibles solo para quien pueda pagarlas.

Por eso, la defensa del Estado, de sus funciones sociales y de sus trabajadores, no es una defensa “estatista” en abstracto. Es una defensa de las trincheras que la clase obrera y los movimientos populares conquistaron con décadas de lucha. Y es desde esas trincheras que debemos organizar la resistencia para recuperar todo lo que nos están quitando.

Nuestra Tarea: Construir la Resistencia Unificada para Derrotar el Plan de Guerra

Frente a un ataque de esta magnitud, la parálisis y la fragmentación son el camino más seguro a la derrota. La única respuesta posible es la construcción de una fuerza social capaz de enfrentar y derrotar este plan de guerra. Nuestra tarea como militantes revolucionarios es impulsar la más amplia unidad para la lucha, pero sobre la base de una total independencia política de la clase dominante y sus falsos opositores.

La burocracia sindical, tanto de la CGT como de las CTA, ha demostrado una y otra vez su complicidad o su impotencia. Convocan a paros aislados y domingueros para descomprimir la bronca, pero se niegan a construir un plan de lucha serio y continuado hasta derrotar el ajuste. Su estrategia es la de negociar con el gobierno a espaldas de los trabajadores, buscando preservar sus propios privilegios.

Por eso, la clave es la autoorganización desde las bases. Necesitamos impulsar asambleas en cada lugar de trabajo, en cada barrio y en cada facultad. Debemos recuperar nuestros sindicatos para que sean herramientas de lucha y no de contención, promoviendo el surgimiento de nuevas direcciones combativas y democráticas.

La resistencia no puede ser sectorial; debe ser unificada. El movimiento obrero ocupado y desocupado, el movimiento estudiantil, las asambleas barriales, el movimiento feminista y LGTBI+, los organismos de derechos humanos, los sectores de la cultura. Todos los que estamos siendo atacados debemos coordinar nuestras luchas en un frente único.

El programa de esta resistencia debe ser claro. No se trata de pedirle “sensibilidad” al gobierno ni de esperar a las próximas elecciones. Se trata de imponer con la movilización un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas que la generaron: anulación de los tarifazos, prohibición de despidos, reapertura de todos los programas sociales y un salario mínimo igual a la canasta familiar.

Una verdadera crítica al gobierno de Milei no se queda en la denuncia, sino que plantea una salida de fondo. La única solución real a la decadencia argentina no es un capitalismo “más humano”, que es una ilusión imposible. La única salida es una profunda reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

Esto implica medidas radicales como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para terminar con la fuga de capitales. Implica la anulación de la deuda externa fraudulenta, un verdadero impuesto a las grandes fortunas y la puesta bajo control obrero de las grandes empresas para planificar la economía en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de unos pocos.

Sabemos que este camino no es fácil. Enfrentaremos la represión del Estado y la traición de las direcciones burocráticas. Pero la alternativa es la barbarie a la que nos conduce el capitalismo en su fase actual, la barbarie que el gobierno de Milei encarna.

La historia de nuestro país y del mundo nos enseña que solo la lucha paga. Fue la lucha la que conquistó cada uno de los derechos que hoy nos están arrebatando (CIPPEC, 2023). Y será la lucha la única que pueda recuperarlos y conquistar muchos más.

No hay atajos. La tarea es construir pacientemente la organización revolucionaria que nuestro pueblo necesita para vencer. Debemos convertir la bronca y la desesperación en fuerza consciente y organizada.

Es el momento de la militancia, del debate en cada rincón, de la solidaridad de clase. Es el momento de levantar un programa por el que valga la pena luchar. Un programa para que, de una vez por todas, gobiernen los que nunca gobernaron: los trabajadores.

La historia no está escrita. El plan de Milei puede ser derrotado. Depende de nosotros y nosotras, de nuestra capacidad para unirnos, para organizarnos y para luchar hasta vencer.